Tratar de explicar la racionalidad del intento de cambiar la discusión desde un análisis de lo real hacia el plano de las teorizaciones de Luque y compañía es una pretensión risible. El compañero Luque tiene derecho a sostener sus utopías y teorizaciones, pero ¿qué tiene que ver eso con la realidad?
Cualquiera que no sepa algo sobre un tema puede equivocarse cuando se refiere a ese tema. Con eso no hay problema. Eso es humano, pero mi recomendación es que debería tenerse algún sentido elemental de la responsabilidad cuando, en el marco de un debate político, intenta utilizarse un tema que no se domina para decir que otro participante “evita” la discusión o para atribuirle la producción de “cuasi fake news”.
Usualmente tiende a colocarse el acento en la valoración de los posibles efectos sociales y políticos inmediatos de una devaluación del peso, principalmente la posibilidad de una inflación y su eventual impacto negativo en la pobreza y en la desigualdad. Obviamente es una atención plenamente justificada. Sin embargo, la devaluación del peso también pudiera tener efectos sociales y políticos negativos en plazos mayores, los cuales a veces no logran ser percibidos con claridad pues se presentan superficialmente como procesos económicos que son relativamente más difíciles de comprender.
El Dr. García Valdés escribe un comentario absolutamente impresentable sobre el texto de otro economista y cuando se le llama la atención acerca del dislate, entonces sale a decir que la confusión y la discordia la provoca quien trata de poner en perspectiva el desatino que el Doctor ha escrito
Es ampliamente reconocido que la “gran ficción” del modelo económico cubano consiste en mantener como uno de los principales precios relativos de la economía nacional una tasa oficial que establece la equivalencia unitaria entre el peso cubano y el dólar estadounidense. Cualquier ordenamiento monetario lógico en Cuba debería comenzar sacando la tasa oficial del peso cubano del universo paralelo en que habita, desde hace rato, para devolverla a la realidad económica.
La indefinición constitucional respecto a determinados actores del modelo económico -una indefinición selectiva- no posibilitará establecer con claridad los derechos de esos actores ni las responsabilidades del Estado para garantizar algo (los derechos) que son un importante componente de la regulación del sistema económico y social de Cuba.
El potencial del sector privado para contribuir a crear una base impositiva debe ser considerado como una “fortaleza” en el marco de la reforma del modelo económico y social de Cuba. Existe la posibilidad de diseñar y de aplicar una política de “doble dividendo”, del tipo “ganar- ganar”, para reemplazar una política actual respecto al sector privado que –parafraseando a Jean- Baptiste Colbert, ministro de finanzas de Luis XIV- parecería estar hoy más concentrada en estrangular a la oca que en desplumarla.
Parecen existir suficientes indicios acerca de que probablemente sea más importante y urgente discutir el impacto que sobre la desigualdad cubana pudiera estar teniendo el empobrecimiento absoluto y relativo de segmentos de los trabajadores estatales y de los pensionados, que ponerse a discutir acerca de si un deportista o un músico “concentran” o “acumulan” riqueza.
Se le atribuye al escritor Oscar Wilde haber dicho que “un economista es alguien que conoce el precio de todo y el valor de nada”. Espero que, para beneficio del consumidor cubano, Oscar Wilde se haya equivocado.
¿Existen elementos institucionales que, desde una perspectiva de economía política (intereses y poder), pudieran explicar la drástica y acelerada modificación del patrón sectorial de inversión en Cuba que ha conducido al predominio actual de la inversión en servicios empresariales e inmobiliarios?
El Estado como tal 