Para tratarse de algo tan cargado de narrativa bélica –“batalla”, “trinchera de combate”, etc.- el congreso de los economistas y contadores cubanos (ANEC) parece haber transcurrido “sin novedad en el frente”. Faltan las informaciones de la sesión de clausura de hoy, pero no creo que vaya a aparecer algo muy novedoso a última hora. Quisiera estar equivocado.
En el corto plazo, las políticas para sustituir importaciones en el caso de entidades cubanas que hacen las ventas finales en divisas pueden articularse como transferencias de liquidez en divisa desde el cliente final hacia el productor. Sin embargo, parecería ser que el grueso del potencial de sustitución de importaciones se encuentra en otros sectores cuyas ventas finales se producen en moneda nacional, notablemente en el caso de los alimentos. En ese caso, las transferencias de liquidez no pueden ser diseñadas si no se cuenta primero con una medición adecuada del efecto de la sustitución de importaciones y ello exige disponer de una tasa de cambio económicamente justificada. El problema es que este asunto de la tasa de cambio es probablemente el tema de política económica más “estancado” de todo el proceso de reforma.
Mientras el inversionista cubano residente en el exterior (CRE) disponga de la alternativa de invertir mediante el “modelo” remesas- inversión, con un bajo costo de transacción en un negocio privado, ese sería el canal principal de inversión de los CRE para actividades de pequeña y mediana escala. El énfasis del debate actual no debería girar acerca de si un CRE debe ser considerado como un inversionista extranjero. El acento debe ser colocado en cómo facilitar cualquier modalidad de inversión que desearan hacer los CRE para contribuir al crecimiento en el corto plazo y a mejorar la seguridad alimentaria mediante la inversión en el agro nacional
Llama poderosamente la atención la contradicción que se observa entre la supuesta paridad “horizontal” que debería existir entre las partes de un contrato mercantil y la introducción de un componente “vertical” que en la práctica transforma el contrato en una relación asimétrica, con mayor poder concentrado en una de las partes del contrato. Eso es lo cabría entender de la “letra” del artículo 26 del Decreto-Ley 365. Donde debía prevalecer un contrato de mercado entre pares, ese articulo parece estar sustentando la construcción artificial de un primus inter pares, un primero entre iguales.
El Decreto-Ley 365 no debió haberse llamado “De las cooperativas agropecuarias” sino “De los productores agropecuarios privados y cooperativos”. ¿No es esta manera de ignorar al productor privado agropecuario un ejemplo de refugiarse “en ilógicos eufemismos para esconder la realidad”?
Cada vez resulta más llamativa la insistencia en desfigurar las cifras de la producción agropecuaria en Cuba. La primera víctima de la deformación de los datos es la calidad del análisis. El resultado parece estar a la vista: empequeñecer la contribución decisiva que hace el sector privado a la producción de alimentos nacionales abre paso a diseñar una política enfocada en las cooperativas. Sin embargo, lo que correspondería -según los datos “desideologizados” de la realidad -sería una política para el sector privado
En las condiciones actuales, enquistarse en el modelo actual -que se reconoce que no es funcional- no va a resolver el problema. Descentralización, mercado y diversidad de formas de propiedad son componentes importantes de la transformación. Si se refrena el avance en esos componentes no habrá transformación. Existe mucha evidencia que permite pensar que la cuestión hoy consiste en manejar sin mirar mucho para el retrovisor
Parece que se ha considerado que la realidad del empleo nacional no era “ideológicamente correcta” y que por tanto había que reducir el peso del empleo privado. Un cambio “metodológico” permitió que tal “magia” pudiese operar y de un plumazo, le “sacaron” 256900 trabajadores al sector privado, más de un cuarto de millón. Así de sencillo.
La preparación del plan de la economía para el año 2020 es legítima y debe recibir atención. Sin embargo, debe concedérsele mayor prioridad a la gestión macroeconómica de los ocho meses que restan de 2019. Lo primero es lo primero. Existen dos importantes potencialidades con las que pudiera contar el país para darle un mayor margen de maniobra a la gestión macroeconómica en 2019: poner a dieta al “elefante blanco” representado por la inversión inmobiliaria y despertar al “elefante entumecido” en el que se ha convertido al sector privado.
No queda claro cuan factible pudiera ser alcanzar un 1,5% de crecimiento en 2019, pero en todo caso considero que la prioridad sería tratar de evitar una contracción económica. Es también importante hacer una discusión más “fina” sobre lo que se considera como potencialidades internas. En el área de gestión macroeconómica sugiero explorar una potencialidad que, hasta donde conozco no parece haberse abordado de manera pública: reasignar sectorialmente una parte del monto estimado de inversión y, adicionalmente, transformar un porciento de la inversión en otros componentes de la demanda: importaciones y consumo.
El Estado como tal 